DATO DURO
El aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025 en Tampico destapó una red de contrabando de combustible que operaba bajo protección de mandos de la Marina. Un año después, documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan la magnitud del desfalco.
La empresa Marlaya SA de CV, constituida en Guadalajara en noviembre de 2016, acumuló un adeudo fiscal superior a 29 mil millones de pesos. La Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco, emitió la resolución definitiva el pasado 18 de febrero de 2026.
El monto equivale a cuatro veces el daño documentado en La Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto y duplica el desfalco registrado en Segalmex durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con esa cantidad se podrían construir 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
CONTEXTO
Marlaya inició operaciones con un objeto social amplio que permitía facturar cualquier tipo de productos y servicios. Fue hasta mayo de 2018 que modificó sus estatutos para incluir la comercialización de hidrocarburos, según consta en documentos mercantiles.
En esa asamblea, el delegado designado fue Aldo Ignacio Ulloa Temblador. Este mismo nombre aparece como representante de Mefra Fletes, empresa involucrada en dos decomisos históricos de 18 millones de litros de combustible ilícito ocurridos a finales de marzo de 2025 en Tampico y Ensenada.
Ulloa Temblador participó también en la asamblea de Mefra Fletes de marzo de 2019, cuando ingresó como administrador único José Isabel Murguía Santiago. Este último es hermano del ex alcalde de Teuchitlán, actualmente preso.
CONCLUSIÓN
La resolución fiscal contra Marlaya no detalla el paradero de sus accionistas ni responsables directos. Tampoco precisa si las autoridades han presentado denuncias penales complementarias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso ilustra cómo estructuras empresariales formales sirvieron para legitimar actividades delictivas vinculadas al huachicoleo. La protección de elementos de la Marina, documentada desde el aseguramiento del buque, permanece como una línea de investigación pendiente de esclarecimiento.
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