DATO DURO
El gobierno de Michoacán entregará a la Organización de las Naciones Unidas una relatoría sobre el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el 19 de octubre de 2025. El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como respuesta a un llamado formulado en diciembre pasado por relatores especiales del organismo internacional.
Los relatores Mary Lawlor, Morris Tidball-Binz y Gina Romero habían calificado el caso como asunto de atención urgente y solicitado que las investigaciones consideren la actividad de Bravo como defensor de derechos humanos y representante del sector citrícola. El mandatario estatal afirmó que mantiene comunicación con la ONU por este y otros temas de la entidad, sin precisar cuáles.
CONTEXTO
Según el gobierno, la relatoría incluirá las acciones realizadas para esclarecer el crimen. Ramírez Bedolla señaló que hay varios detenidos pertenecientes a una célula criminal denominada Los Blancos de Troya, incluyendo a su presunto líder, César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, capturado el 22 de enero de 2026 y vinculado a proceso dos días después.
El gobernador indicó que en el documento se informará cómo se logró la captura de quien es señalado como el posible autor intelectual y material del homicidio. Agregó que el proceso ya está judicializado ante jueces federales y estatales, debido a que se persiguen delitos de ambos fueros.
CONCLUSIÓN
El caso se encuentra ahora en manos del Poder Judicial Federal y del estatal, según precisó el mandatario, quien señaló que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades. La entrega de la relatoría representa un paso formal en la respuesta estatal a la solicitud internacional, aunque no se detalló su contenido completo ni los plazos de entrega establecidos por la ONU.
El asesinato de Bravo Manríquez ocurrió en un de violencia persistente en la región de Apatzingán, zona estratégica para el cultivo de limón y escenario de disputas entre grupos delictivos. La solicitud de los relatores especiales subrayó la necesidad de proteger a defensores de derechos humanos en zonas agrícolas afectadas por la criminalidad organizada.
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