DATO DURO
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países de América Latina a pasar a la "ofensiva" y "hacer más" contra los cárteles de la droga, en una conferencia con líderes militares de 18 naciones reunidos en Doral, Florida.
Hegseth aprovechó el evento para criticar la "negligencia colectiva" de la administración anterior de Joe Biden, a quien responsabilizó por más de un millón de muertes estadounidenses por fentanilo, cocaína y otras drogas.
El funcionario elogió a quienes han permitido operaciones conjuntas, pero advirtió que "debe hacerse más" tanto por parte de los países latinoamericanos como de Estados Unidos para desmantelar a los grupos criminales.
Sin embargo, el discurso de Hegseth omitió un elemento central del problema en México: la documentada colusión entre autoridades políticas y estructuras del crimen organizado, factor que ha permitido la consolidación de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
CONTEXTO POLÍTICO
El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, designó a estos grupos como "organizaciones terroristas" internacionales y desplegó una estrategia que incluye 79 millones de dólares en recompensas por líderes del narco.
En enero pasado, Trump amenazó con ataques terrestres contra cárteles mexicanos, alegando que estos "gobernaban en México", una afirmación que generó tensión diplomática sin que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya exigido aclaraciones formales.
CONCLUSIÓN
Hegseth señaló que en marzo no se realizaron ataques contra embarcaciones en el Caribe porque "no encontrábamos suficientes barcos que hundir", revelando limitaciones operativas pese al discurso de máxima presión.
La presión estadounidense ha coincidido con un refuerzo visible de operativos antinarcóticos en México, aunque sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas sobre posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos.
El llamado a la "ofensiva" deja pendiente la pregunta de cómo combatir efectivamente a los cárteles sin desarticular primero las redes de protección política que, según investigaciones nacionales e internacionales, han garantizado su impunidad durante décadas.
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