DATO DURO
La empresa Marlaya SA de CV, constituida en Guadalajara en noviembre de 2016, acumuló un adeudo fiscal superior a 29 mil millones de pesos según resolución emitida el 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco. Este monto representa el daño a la hacienda pública más grande documentado en un solo caso fiscal en México.
Para dimensionar el desfalque: el dinero defraudado alcanzaría para construir 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS. La cifra duplica el monto del caso Segalmex durante el sexenio de López Obrador y cuadruplica el de La Estafa Maestra, ocurrido en la administración de Peña Nieto.
Marlaya operaba con un objeto social tan amplio que permitía facturar cualquier tipo de servicios y productos. No fue hasta mayo de 2018 que amplió su actividad a la comercialización de hidrocarburos, según consta en documentos mercantiles.
CONTEXTO
El delegado en esa asamblea fue Aldo Ignacio Ulloa Temblador, quien simultáneamente fungió como representante legal de Mefra Fletes. Esta última empresa apareció en dos mega decomisos de 18 millones de litros de combustible de contrabando realizados en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California.
En marzo de 2019, Ulloa Temblador participó en la asamblea de Mefra Fletes cuando se integró como administrador único José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex alcalde de Teuchitlán actualmente procesado por presunta complicidad en crímenes del rancho Izaguirre.
El 20 de mayo de 2025, el entonces titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, afirmó en conferencia mañanera que Mefra Fletes y los hermanos Murguía Santiago estaban vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que la familia era propietaria de los camiones utilizados para mover el combustible de contrabando en ambos estados.
CONCLUSIÓN
Ulloa Temblador también ha sido representante legal de Dalcrise SA de CV, empresa accionista de Impulsora de Productos Sustentables. Esta última está investigada por la fiscalía en uno de los mayores casos de huachicol fiscal, particularmente por la introducción de 21.5 millones de litros de diésel mediante el buque Atlantic Bay en el puerto de Tuxpan en octubre de 2019.
La investigación documenta que Impulsora de Productos Sustentables, a su vez, mantiene vínculos con Ecocarburante, empresa que fue proveedora de combustible de la Sedena durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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