DATO DURO
A cinco años de la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, las familias de las víctimas rechazaron el cierre del caso anunciado por la Fiscalía General de la República y exigieron reparación integral junto con una disculpa pública del Estado mexicano.
El crimen ocurrió el 22 de enero de 2021. Entre las víctimas había 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos. Sus cuerpos calcinados fueron localizados un día después en el municipio fronterizo.
Este jueves, familiares realizaron en Comitancillo, San Marcos, Guatemala, una caminata de memoria que partió del cementerio local hacia la iglesia de la Santa Cruz para honrar a quienes fueron asesinados.
En un comunicado, recordaron que la indignación internacional derivó en un Mecanismo de Acompañamiento Binacional entre México y Guatemala, establecido en marzo de 2021. Sin embargo, tras la repatriación de los restos, afirmaron haber enfrentado abandono institucional.
CONTEXTO
Las familias lograron participar en el juicio oral desde sus comunidades de origen, un proceso que calificaron como articulación transnacional sin precedentes, con apoyo de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala.
La Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas notificó recientemente a los asesores de las víctimas el cierre de la carpeta. Las familias cuestionan esta decisión.
Señalan que la sentencia de 50 años de prisión contra 12 policías de Tamaulipas no permitió esclarecer el motivo de la persecución, ejecución y calcinación de las víctimas, ni develar la estructura criminal, intereses, corrupción y autoría intelectual detrás de los hechos.
CONCLUSIÓN
El expediente judicial permanece inconcluso, advierten. Las familias no han sido reparadas y el Estado mexicano no ha presentado disculpa pública por lo ocurrido.
En febrero de 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, les aseguró que se repararía el daño con compensación para reconstruir un proyecto de vida, como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales. Hasta la fecha, ese compromiso no se ha cumplido.
Las familias también mencionaron la Recomendación 168VG/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aceptada por las autoridades mexicanas, que estableció obligaciones de reparación que siguen pendientes.
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