El Tesoro y Política Financiera de Canarias ha formalizado la incorporación de Credit Agricole y HSBC Europe a su relación de entidades de deuda pública. Esta decisión se debe a la necesidad de sofisticación en la gestión del pasivo y coincide con una emisión de 100 millones de euros que debe lanzarse antes de finales de 2026.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno de España pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, considerando sorprendente que el Estado inicie la tramitación de los presupuestos sin contar con el instrumento más importante que tiene una administración central.
Hasta ahora, el Tesoro canario operaba con una red de entidades orientadas al mercado nacional, compuestas por bancos como Banco Santander, BBVA o CaixaBank, junto a firmas cooperativas locales.
La llegada de Credit Agricole y HSBC proporciona a la administración canaria un canal de distribución con mayor capacidad de penetración en los circuitos de capital institucional.
Contar con bancos de inversión con sede en Londres o París permite no solo diversificar la base inversora sino también optimizar los costes de emisión en un entorno de tipos de interés que exigen una mayor precisión técnica.
La estrategia de deuda de Canarias ha recibido el aval del Consejo de Ministros, que ha autorizado a la región a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 100 millones de euros.

Estos fondos, integrados dentro del techo de endeudamiento de 703,03 millones de euros aprobado en diciembre, tienen como fin específico la materialización de las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).
La emisión responde al cumplimiento de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), y se rige por los estrictos márgenes de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) y la LOFCA.
Los 100 millones de euros deberán financiar exclusivamente proyectos de infraestructura, equipamiento, protección del medio ambiente o rehabilitación de vivienda protegida para arrendamiento, todos ellos consignados en los presupuestos de 2026.
La ventana de ejecución es estrecha, limitándose a operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio. El Tesoro autonómico se enfrenta a un año de gestión financiera compleja, donde la capacidad de absorción del mercado es el principal factor de riesgo.
Al integrar entidades con una capacidad de 'underwriting' global, la administración canaria se asegura de que la colocación de
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