El robo de gas licuado de petróleo (LP) se ha consolidado como una modalidad creciente del huachicol en México, impulsada por la diferencia de precio entre el producto ilegal —7 pesos por kilo— y el tarifado —18 a 20 pesos—.
En Puebla, donde se localiza el epicentro de la actividad, 7 de cada 10 hogares reciben el recurso de fuentes no reguladas, según datos de Pemex resumidos por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).
Durante 2024 fueron detectadas 426 tomas clandestinas en ductos de la entidad; en el primer trimestre de 2025 ya suman 218 perforaciones, equivalentes al 40% del total nacional. Los corredores más afectados son Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y San Martín Texmelucan, donde operan redes que extraen, almacenan y distribuyen el gas a plena luz del día.
La estructura delictiva ha evolucionado: ahora se vale de pipas clonadas, facturas y permisos apócrifos, códigos QR falsos y estaciones de carburación clandestinas. El esquema permite competir con precios hasta 65% menores que los oficiales y coloca al huachigas en un tercio del mercado regional.
Las pérdidas económicas anuales que causa la competencia desleal y el producto hurtado oscilan entre 143 y 300 millones de pesos, monto que absorbe directamente Pemex, empresa ahora encabezada por Juan Carlos Carpio Fragoso.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum anunció un reforzamiento de la estrategia contra el robo de combustibles, el director de El CEO, Mario Maldonado, señala que el enfoque no ha logrado frenar la tendencia del huachigas, que ya se expande también por Tlaxcala, Hidalgo y el norte de Veracruz.
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