La suplantación de identidad, ahora potenciada por deepfakes y llamadas generadas con inteligencia artificial, obligó al Congreso a expedir una ley que ordena a bancos y compañías de telefonía suspender de inmediato todo cobro cuando un cliente reporta un El texto, ya publicado en el Diario Oficial, introduce por primera vez una figura de protección especial en las centrales de riesgo: la deuda fraudulenta no puede ser reportada y debe eliminarse en máximo cinco días hábiles después de la denuncia.

Antes, las víctimas enfrentaban procesos judiciales que duraban meses mientras su historial se deterioraba. La reforma obliga a las entidades financieras y a los operadores móviles a crear canales digitales para recibir la alerta, exigir únicamente la declaración jurada del afectado y devolver cualquier cantidad cobrada de forma indebida.

Además, prohíbe cobrar intereses moratorios o gastos de cobranza durante la investigación. Si la empresa no responde en el término legal, la Superfinanciera podrá imponer multas hasta del 0,5 % de su patrimonio. La medida llega cuando los casos de fraude con voz sintética se duplicaron en el último año, según datos de la Fiscalía.
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