La corrupción que se ejerce en ventanillas, patrullas y oficinas públicas no baja: 15 mil 642 personas por cada 100 mil que tuvieron trato con servidores públicos sufrieron al menos un acto de corrupción durante 2025, cifra superior a la registrada en 2023, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI.
El monto que los ciudadanos pagaron por esas extorsiones sumó más de 17 mil 700 millones de pesos, con un promedio de 3 mil 865 pesos por persona afectada. El daño, advierte el estudio, trasciende el dinero: cada mordida normaliza la idea de que sin pago no hay trámite.
Las autoridades de

La encuesta también registra desconfianza hacia partidos, fiscalías, juzgados y gobiernos. Esa percepción reduce la participación y la denuncia, erosionando la gobernabilidad democrática.
Combatir la corrupción requiere, además de discursos, simplificación de trámites, supervisión efectiva, sanciones reales, plataformas digitales confiables y mecanismos ciudadanos de vigilancia que cierren espacios al abuso.

El informe ubica el problema en la vida diaria: permisos, revisión vehicular, atención policial, servicios de
La responsabilidad es compartida. Las autoridades deben sancionar y prevenir; los ciudadanos, denunciar y no pagar. Normalizar la mordida encarece el futuro: se paga con confianza, justicia y desarrollo.
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