El gobierno de Claudia Sheinbaum elevó la presión a Washington por la falta de respuesta en 233 solicitudes de extradición que califica como prioritarias, entre ellas las de exfuncionarios, presuntos líderes de empresas factureras y miembros del crimen organizado.
Según información publicada por El País, desde 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado 269 peticiones formales; 36 fueron negadas y el resto permanece sin resolución. En el mismo periodo, México ha entregado a 92 personas solicitadas por tribunales estadounidenses, la mayoría vinculadas con narcotráfico.
El desequilibrio, afirman autoridades mexicanas, demuestra una cooperación jurídica “sin reciprocidad”. Entre los nombres destacados figura Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fiscalista señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal en una red de factureras que habría desviado recursos públicos millonarios.

También está pendiente la entrega de Rafael Zaga Tawil y familiares, relacionados con una presunta estafa al Infonavit mediante la empresa Telra Realty y una indemnización cuestionada.
En la carpeta de Ayotzinapa, el gobierno reclama a José Ulises Bernabé, exjuez de Iguala, y a Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, identificado como operador de Guerreros Unidos; ambos son piezas clave para la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Otro expediente sin respuesta es el del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado, desvío de recursos y fraude fiscal; Washington ha pedido “más información” sin fijar fecha de decisión.

El reclamo se da en medio de tensiones crecientes: EU ha demandado a México capturas adicionales de capos y ha vinculado públicamente a políticos mexicanos con el narcotráfico, mientras que Sheinbaum responde que la cooperación debe ser “de ida y vuelta”.
La cancillería advierte que no puede mantener entregas unilaterales cuando casos de corrupción, trata, desaparición forzada y crimen organizado quedan en el limbo jurídico del otro lado de la frontera.
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