Un meme que circula en redes resume la tensión: para registrarse como candidato de Morena, PT o Verde habrá que presentar visa estadounidense y constancia de no antecedentes penales. La broma refleja la presión real que ejercen la DEA, el FBI y los departamentos de Justicia y del Tesoro de EU sobre políticos mexicanos.
La Casa Blanca ya marcó a decenas de funcionarios de la 4T y reclama la extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, acusados de pactar con Los Chapitos para amedrentar o eliminar rivales en las elecciones de 2021.
El supuesto acuerdo abarcó Sinaloa, Baja California, Sonora, Nayarit, Colima y Michoacán y, según la acusación, se repitió en el proceso presidencial de 2024.
Ante el riesgo de que Washington palomee las listas de candidatos, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma electoral para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.
El organismo estará integrado por cinco consejeros electorales con mandato de tres años y revisará, bajo estricta confidencialidad, las postulaciones de todos los partidos a gobernador, alcaldes, diputados y regidores. Los partidos deberán entregar voluntariamente sus planillas y cada aspirante firmará su consentimiento para ser investigado.
El objetivo es detectar candidaturas que surgieron de negociaciones o subsidios del narco o el crimen organizado y evitar que la justicia estadounidense termine definiendo quién puede contender. La medida anticipa un escenario en que el INE, y no tribunales extranjeros, filtre posibles vínculos delictivos de quienes buscan cargos públicos.
Etiquetas: Claudia Sheinbaum, INE, Rubén Rocha Moya, crimen organizado, elecciones 2021, extradición, Los Chapitos, integridad electoral
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