En las smart cities mexicanas la inteligencia artificial dejĂł de ser proyecto piloto: hoy gestiona semáforos, predice delitos y ajusta el flujo de energĂa en tiempo real. El gobierno la presenta como soluciĂłn, pero no publica protocolos ni auditorĂas que expliquen cĂłmo se entrenan los modelos ni quĂ© datos personales absorben.
Las autoridades aseguran que la IA reduce emisiones y atascos; sin embargo, el texto base no cita estudios locales que comprueben estos beneficios ni estimaciones de ahorro pĂşblico. La videovigilancia con análisis predictivo se expande sin marco jurĂdico que limite el tiempo de retenciĂłn de imágenes ni garantice acceso a quienes aparecen en ellas.
El mismo algoritmo que promete accesibilidad para personas con discapacidad puede negarles paso si el sistema entrena con datos sesgados; nadie ha explicado cĂłmo se corrige ese riesgo.
La gestiĂłn energĂ©tica automatizada depende de proveedores privados que conservan la propiedad del software; eso dificulta a la ciudadanĂa exigir rendiciĂłn de cuentas cuando falla el servicio.
La promesa de economĂa baja en carbono se sustenta en proyecciones globales, no en metas ni reportes anuales que puedan contrastarse con mediciones reales de la Ciudad de MĂ©xico o Guadalajara. Falta un reglamento local que obligue a publicar fallos, tasas de error y mecanismos de apelaciĂłn cuando la IA toma decisiones que afectan derechos.
Hasta que exista esa transparencia, la llamada ciudad inteligente será un laboratorio cerrado donde los ciudadanos son sujetos de prueba sin consentimiento claro.
Etiquetas: IA, smart city, datos personales, rendiciĂłn de cuentas, transparencia, TecnologĂa · IA general
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