En las smart cities mexicanas la inteligencia artificial dejó de ser proyecto piloto: hoy gestiona semáforos, predice delitos y ajusta el flujo de energía en tiempo real. El gobierno la presenta como solución, pero no publica protocolos ni auditorías que expliquen cómo se entrenan los modelos ni qué datos personales absorben.
Las autoridades aseguran que la IA reduce emisiones y atascos; sin embargo, el texto base no cita estudios locales que comprueben estos beneficios ni estimaciones de ahorro público. La videovigilancia con análisis predictivo se expande sin marco jurídico que limite el tiempo de retención de imágenes ni garantice acceso a quienes aparecen en ellas.
El mismo algoritmo que promete accesibilidad para personas con discapacidad puede negarles paso si el sistema entrena con datos sesgados; nadie ha explicado cómo se corrige ese riesgo.
La gestión energética automatizada depende de proveedores privados que conservan la propiedad del software; eso dificulta a la ciudadanía exigir rendición de cuentas cuando falla el servicio.
La promesa de economía baja en carbono se sustenta en proyecciones globales, no en metas ni reportes anuales que puedan contrastarse con mediciones reales de la Ciudad de México o Guadalajara. Falta un reglamento local que obligue a publicar fallos, tasas de error y mecanismos de apelación cuando la IA toma decisiones que afectan derechos.
Hasta que exista esa transparencia, la llamada ciudad inteligente será un laboratorio cerrado donde los ciudadanos son sujetos de prueba sin consentimiento claro.
Etiquetas: IA, smart city, datos personales, rendición de cuentas, transparencia, Tecnología · IA general
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