Salvadoran nationals Yessenia Ruano and her husband Miguel Guerra take a walk around their neighborhood, after they self-deported with their daughters from the United States to avoid detention and family separation by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers, in Tamanique, El Salvador October 10, 2025. REUTERS/Jose Cabezas
San Salvador reportó que 5,351 salvadoreños fueron deportados en los primeros tres meses de 2026, 92. 2% más que los 2,813 registrados en igual lapso de 2025. La cifra también duplica los niveles de 2024, según la Dirección General de Migración y Extranjería.
Estados Unidos fue el origen de la mayoría de las expulsiones; México aportó 4.2% y otros países el resto. El incremento refleja políticas migratorias más estrictas del gobierno norteamericano, que aumentó en 24% los vuelos de retorno hacia El Salvador.
César Ríos, de la Asociación Agenda Migrante, afirmó que el salto estadístico confirma un endurecimiento real del sistema migratorio estadounidense hacia la región centroamericana. La organización advierte que la tendencia presiona la capacidad de recepción y reinserción local.
Durante el año fiscal 2024, el 20.4% de los deportados desde EE.UU. ya contaba con condenas penales, 5% enfrentaba cargos abiertos y 74.3% fue clasificado solo como infractor migratorio. Las autoridades salvadoreñas no han publicado un desglose similar para 2026.

La familia Ruano-Guerra, residente de Tamanique, optó por la autodeportación en octubre pasado para evitar la separación de sus hijos tras redadas en Texas. Su caso ilustra el temor creciente entre comunidades migrantes ante operaciones más frecuentes de ICE.
El gobierno de El Salvador mantiene abiertos dos albergues temporales en San Salvador y San Miguel, pero activistas advierten saturación y escasez de programas de apoyo psicosocial. La cooperación internacional financia la mitad de los fondos para atención a retornados.
La cancillería salvadoreña prevé negociar con Washington un nuevo memorando de entendimiento sobre vuelos grupales, aunque no hay fecha para la firma. Mientras tanto, los consulados intensifican campañas de información sobre riesgos de migración irregular.
Analistas locales estiman que el flujo podría mantenerse alto el resto del año si se confirman recortes a programas de protección temporal como TPS. El Salvador busca fondos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo para ampliar programas de empleo temporal en zonas de alta expulsión.
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