La Auditoría Superior de la Federación (ASF) localizó 230 millones 253 mil pesos sin respaldo documental dentro del Plan de Justicia Yaqui, programa emblemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reparar al pueblo yaqui de Sonora. El hallazgo corresponde a la Cuenta Pública 2024 y afecta la ampliación del Distrito de Riego 18, obra central del plan.
El monto revisado por la ASF alcanzó el 94.6% de los 4 mil 242 millones de pesos ejercidos. Del dinero sin rastro, el órgano fiscalizador señala que el porcentaje auditado fue del 0.0%, lo que significa que no existen registros internos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que permitan verificar su destino.
En su informe 93, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de Conagua abrir una investigación y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables por la falta de evidencia de esos recursos federales.
Además del boquete contable, la auditoría revela retrasos en dos contratos clave. La empresa Biocinergia, S.A. de C.V., reportó un atraso de 29 días en sus labores, mientras que Grupo Impulsor Pajeme, S.A. de C.V., extendió la ejecución 122 días más de lo programado.
La Conagua también fue señalada por demorar la entrega del anticipo necesario para iniciar los trabajos, lo que obligó a modificar los calendarios oficiales y postergó los beneficios previstos para la tribu.
Proceso revisó el contrato 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018, adjudicado a Estudios y Diseños Constructivos, S.A. de C.V., y detectó que el documento carece de precisiones básicas, lo que lo hace parecer “más un borrador que un contrato definitivo”.
El Plan de Justicia Yaqui fue anunciado en 2021 con la promesa de entregar tierra, agua y certeza jurídica al pueblo yaqui. A tres años, la ASF advierte que la improvisación y posibles actos de corrupción han puesto en riesgo la estrategia.
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