La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió resoluciones que obligan a las aseguradoras a demostrar que los usuarios recibieron y comprendieron las condiciones generales de sus pólizas antes de reclamar exclusiones de cobertura. Los casos contra GNP Seguros e Inbursa marcan un punto de quiebre para la transparencia del sector.
En el caso más relevante, la Corte analizó la negativa de GNP a cubrir implantes cocleares por considerarlos un padecimiento congénito excluido del seguro. El fallo obliga a la empresa a probar que el asegurado conocía ese límite desde la contratación, lo que abre la puerta a revisar todas las cláusulas de exclusión en gastos médicos mayores.
Otra resolución estableció que terceros perjudicados pueden demandar directamente a las aseguradoras, incluso cuando el siniestro involucre a empresas del Estado. Este criterio rompe con la práctica de exigir primero un juicio contra el asegurado principal y acelera el acceso a la reparación del daño.
Fátima Eizaguirre, asociada del despacho Pérez-Llorca, advirtió que las compañías deberán rediseñar sus procesos internos para conservar evidencia de la entrega de pólizas y obtener consentimiento expreso del cliente sobre los términos y exclusiones. “Ya no basta con incluir la letra pequeña; se debe probar que fue leída y aceptada”, subrayó.

Las firmas Quálitas, AXA y otras grandes operadoras revisan actualmente sus mecanismos de colaboración con asegurados durante la reclamación, con el objetivo de evitar litigios posteriores y reducir costos judiciales.
El sector también enfrenta presión fiscal: la posible eliminación del acreditamiento del IVA en reparaciones y siniestros obligaría a replantear productos y precios. Las aseguradoras tendrían que absorber el impuesto o transferirlo al consumidor final, lo que encarecería las pólizas.
Finalmente, la SCJN ha señalado la necesidad de mejorar la atención a personas con discapacidad en todos los ramos, desde autos hasta.
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