El pleno del Congreso de la Ciudad de México informó que aceptó un Acuerdo derivado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a consultar a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas antes de legislar en materia ambiental.
La Mesa Directiva detalló en la sesión del 7 de mayo que el documento contiene criterios generales, plan de trabajo y calendario para garantizar un proceso de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. La medida surge de la Acción de Inconstitucionalidad 143/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En agosto pasado el organismo demandó la nulidad de los artículos 183 (segundo párrafo), 185 y 186 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, publicada el 18 de julio de 2024. La Corte estimó que dichas disposiciones omitieron la participación de los pueblos originarios, por lo que ordenó al Congreso local subsanar la omisión.
Las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas serán las encargadas de ejecutar la consulta.

El Acuerdo no fija aún fechas límite ni mecanismos específicos de participación, lo que abre la posibilidad de retrasos en la entrada en vigor de una legislación ambiental completa para la capital. El Congreso tendrá que rediseñar las normas anuladas incorporando los aportes recabados.
La omisión de esta obligación podría generar nuevas impugnaciones y mantener en limbo jurídico la protección ecológica del Distrito Federal.
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