US President Donald Trump speaks during a Military Mother's Day Event in the East Room of the White House in Washington, DC, on May 6, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles que si México “no hace el trabajo” de detener el narcotráfico hacia Estados Unidos, su gobierno actuará directamente, aunque eso genere “algunas quejas” de representantes mexicanos. La declaración se dio durante un acto en la Casa Blanca en el que también firmó una estrategia que califica a los cárteles como amenaza terrorista.
Trump afirmó que el tráfico marítimo de drogas ya se redujo 97 % gracias a bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, operaciones que organizaciones de derechos humanos califican como ejecuciones extrajudiciales. Ahora, dijo, la prioridad es el narcotráfico terrestre, “lo cual es mucho más fácil”, y justificó la intervención externa: “25 mil personas mueren solo por un par de esos barcos”.
La nueva estrategia antiterrorista firmada por el mandatario republicano incluye por primera vez a los cárteles mexicanos como blancos legítimos de acciones militares y de inteligencia. “No se permitirá que terroristas de ningún tipo encuentren refugio aquí ni que nos ataquen desde el extranjero”, señaló, y advirtió que a quienes “hagan daño” a estadounidenses “los encontraremos y los mataremos”.
Las palabras de Trump coinciden con una escalada de presión sobre México: Washington solicitó la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La petición fue enviada al gobierno mexicano como paso previo a una posible extradición.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una nota diplomática exigiendo pruebas concretas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses. Sheinbaum subrayó que la solicitud estadounidense “no contiene elementos que acrediten un riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia”.
La disputa expone la creciente tensión entre ambos gobiernos: mientras Trump habla de “sentido común y paz mediante la fuerza”, México insiste en que cualquier acción contra sus funcionarios debe sustentarse en evidencia judicial. La falta de transparencia en el caso Rocha Moya alimenta la incertidumbre sobre el alcance real de la presión de Washington y sobre la capacidad de la fiscalía mexicana para investigar a sus propios mandos.
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