La administración de Donald Trump presentó la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 y dedicó 31 de sus 195 páginas a exigencias concretas al gobierno de Claudia Sheinbaum: desmantelar los cárteles, presentar reducciones medibles de la producción de drogas sintéticas y aumentar la incautación de precursores químicos.
El documento identifica la frontera sur como el “epicentro” del tráfico de fentanilo y advierte que empresas que no protejan sus cadenas de suministro serán sancionadas económicamente. La zar antidrogas, Sara Carter, acusó al Cártel de Sinaloa y al CJNG de operar “con impunidad” en regiones mexicanas que desafían la soberanía del Estado.

El plan eleva la presión diplomática al tiempo que mantiene la amenaza de calificar a los grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras, figura que habilita persecución financiera y acciones militares encubiertas.
En abril, el Departamento del Tesoro levantó sanciones contra CIBanco tras la reunión entre el secretario Scott Bessent y el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, gesto interpretado como un espacio de negociación previo al endurecimiento anunciado.

La estrategia condiciona futuros desembolsos de cooperación y el acceso preferencial de productos mexicanos al mercado estadounidense a la entrega de resultados cuantificables en los tres ejes: químicos, producción y capacidad operativa del crimen.
Sheinbaum aún no responde oficialmente, pero en privado funcionarios de Palacio Nacional reconocen que la solicitud de “métricas mensuales” entra en conflicto con la política de “abrazos no balazos” y con la reciente designación de la Guardia Nacional bajo mando militar.
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