La intervención directa de agentes estadounidenses en territorio mexicano quedó expuesta el 19 de abril en Morelos, Chihuahua, donde un operativo de la CIA contra un laboratorio de drogas sintéticas terminó con cuatro muertos, entre ellos dos oficiales de la agencia. La acción, ejecutada sin participación operativa de instituciones mexicanas, deja en evidencia la incapacidad del gobierno federal para restringir actividades de cuerpos extranjeros dentro del país.
El dispositivo fue organizado por la CIA con información propia y se llevó a cabo en la región conocida como Triángulo Dorado, donde convergen Chihuahua, Durango y Sinaloa. Las fuentes consultadas indican que el objetivo era desmantelar un megalaboratorio bajo el control de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa enfrentada con “Los Mayos”.
Participaron 56 elementos: 50 soldados de la 42 Zona Militar —batallones 66 de Delicias y 75 de Parral— y seis civiles, todos vestidos con uniforme y capucha de la Secretaría de

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, precisó que los militares establecieron un perímetro de
La presencia de la CIA responde a la designación que hizo el presidente Donald Trump en enero de 2025, cuando calificó a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”. Desde entonces, la agencia recibió instrucciones de participar directamente en operaciones contra el narcotráfico, lo que ha derivado en incursiones no declaradas a territorio nacional.
La fiscalía estatal, entonces a cargo de César Jáuregui, había atribuido la presencia de agentes estadounidenses a labores de capacitación en el uso de drones. Fuentes cercanas al caso desmintieron esa versión y aclararon que la la corporación no realiza entrenamientos en esta materia.

El gobierno de Chihuahua confirmó que los militares salieron del cuartel de Guachochi en ocho unidades, bajo mando de un mayor y un coronel, para “dar
La opacidad del operativo y la falta de rendición de cuentas evidencian un vacío de soberanía: fuerzas extranjeras planean y ejecutan acciones armadas en territorio mexicano con apoyo logístico limitado del Ejército, pero sin supervisión civil ni judicial.
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