Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, solicitaron licencia temporal para separarse del cargo, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las órdenes de detención provisional con fines de extradición que solicitó Estados Unidos. Ambos son investigados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las licencias fueron presentadas la madrugada del sábado ante el Congreso estatal y el Cabildo de Culiacán. El Legislativo aprobó la separación de Rocha Moya por más de 30 días y, en sesión extraordinaria, eligió a Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa interina de la capital.
La medida se adopta tras la acusación que la fiscalía de Nueva York reveló el miércoles contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador, el alcalde, un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y policías activos y retirados. Se les imputa facilitar el ingreso de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.
El escrito judicial señala que los funcionarios colaboraron con la facción “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y participaron en actos de violencia y represalias para proteger las rutas del narcotráfico. La acusación no detalla pruebas ni fechas específicas de los presuntos delitos.
Rocha Moya rechazó los señalamientos en redes sociales. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”, afirmó, calificando las acusaciones de “falsas y dolosas”. No presentó evidencia que desvirtúe los cargos ni anunció acciones legales contra la fiscalía estadounidense.
La FGR argumentó que no existen “motivos, fundamentos ni evidencias” en la documentación recibida para justificar la detención provisional. El titular de la unidad de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, dijo que el escrito de EE.UU. no contiene pruebas que acrediten delito alguno bajo el marco jurídico mexicano.
La negativa a ejecutar las órdenes de captura contrasta con el compromiso del gobierno federal de colaborar con autoridades estadounidenses en el combate al fentanilo. La decisión abre una brecha diplomática y pone en entredicho la eficacia del mecanismo de extradición entre ambos países.
Con la licencia, Rocha Moya y Gámez se apartan de la administración pública pero conservan sus derechos políticos. El Congreso de Sinaloa deberá designar un gobernador interino, mientras la FGR continúa una investigación que hasta ahora no ha derivado en imputaciones formales en México.
Etiquetas: Sinaloa, Morena, Cártel de Sinaloa, narcotráfico, extradición, fentanilo, corrupción, Rocha Moya
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