Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, solicitaron licencia temporal para separarse del cargo y facilitar las indagatorias que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió tras la acusación presentada por la fiscalía de Nueva York por narcotráfico y tenencia ilícita de armas. Ambos funcionarios pertenecen a Morena y presentaron sus solicitudes la noche del viernes ante el Congreso estatal y el Cabildo de Culiacán.
La medida se produce horas después de que la FGR rechazó las peticiones de detención provisional con fines de extradición que había formulado Estados Unidos contra diez servidores públicos mexicanos. La dependencia argumentó que no existen “motivos, fundamentos ni evidencias” que justifiquen la medida cautelar.
La acusación de Nueva York, dada a conocer el miércoles, incluye al senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, al vicefiscal de Sinaloa y a policías activos y retirados. Según la fiscalía estadounidense, los funcionarios ayudaron al Cártel de Sinaloa —en particular a la facción “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
Rocha Moya negó los señalamientos y calificó la acusación de “falsa y dolosa”. En un mensaje difundido en redes sociales aseguró que no permitirá que su nombre sea usado para “dañar al movimiento al que pertenezco”, en referencia a Morena.
El Congreso de Sinaloa aprobó este sábado la licencia del mandatario por más de 30 días. En paralelo, el Cabildo de Culiacán designó como alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, actual síndica procuradora, tras la separación de Gámez.
La FGR informó que analizará los documentos proporcionados por autoridades estadounidenses, pero reiteró que hasta el momento no se acredita la comisión de delitos que ameriten detenciones provisionales. El titular de la fiscalía especializada en control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, subrayó que la solicitud de EE.UU. carece de pruebas suficientes.
La decisión de apartarse del cargo contrasta con la postura del gobierno federal, que ha evitado ejecutar órdenes de captura contra los funcionarios señalados. La investigación abierta en México podría prolongarse más allá del plazo de licencia, lo que obligaría a definir si se prorroga la separación o se retoman funciones.
La acusación externa pone en entredicho el control territorial del Estado en Sinaloa y expone la presión que enfrentan autoridades locales cuando son señaladas por vínculos con el crimen organizado. La ciudadanía espe
Etiquetas: Sinaloa, Cártel de Sinaloa, Rocha Moya, Morena, narcotráfico, extradición, FGR, Culiacán
About the Author
