En 1997 el economista Salvador Kalifa publicó en Reforma la columna “Economía y corrupción”. Ahora retoma la tesis: la corrupción no es un asunto moral, sino económico. Los funcionarios comparan beneficios y costos; si el saldo es positivo, deciden corromperse.
Por ello, propone cambiar los incentivos: reducir el poder discrecional, limitar los beneficios que controlan y aumentar la probabilidad de castigo. Kalifa, egresado del ITESM y doctor por Cornell, ha sido profesor en CIDE, Universidad Iberoamericana, Anáhuac y Tec de Monterrey.

Fundó Consultores Económicos Especializados, firma que asesora a empresas sobre el impacto de las políticas públicas. Su argumento se centra en que la solución no pasa por “predicar honestidad”, sino por reformas que encarezcan la transgresión y disminuyan la renta que puede extraer un servidor público de su puesto.

La visión implica revisar facultades, procesos de contratación y mecanismos de supervisión para hacer el fraude menos rentable.
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