Las organizaciones de la sociedad civil que combaten la corrupción en México enfrentan un escenario cada vez más hostil. La desaparición de USAID en 2025 dejó sin financiamiento a decenas de proyectos de transparencia y rendición de cuentas, lo que obligó a ProSociedad, en Jalisco, a reducir personal y a EnIgualdad, en Sonora, a cerrar su agenda de participación ciudadana.
La pérdida de recursos no solo afecta la operación: desarticula redes de colaboración y capacidades técnicas construidas durante años. Sin apoyo externo, muchas iniciativas han quedado en suspenso y la capacidad de incidencia se reduce drásticamente.
El Servicio de Administración Tributaria ha intensificado revisiones a donatarias autorizadas. En los últimos meses, varias organizaciones perdieron la facultad de recibir donativos deducibles, herramienta clave para su sostenibilidad.

Morelos Rinde Cuentas, reconocida por investigar y denunciar actos de corrupción, fue una de las que perdió su autorización. La medida limita sus opciones de financiamiento y restringe el espacio de contrapeso ciudadano.
La violencia también cobra factura. En Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán reporta amenazas y hostigamiento que dificultan su labor de vigilancia. El de inseguridad obliga a suspender actividades o trabajar con mayores precauciones.
La combinación de menor financiamiento, presión fiscal y riesgos físicos genera incertidumbre y parálisis en el sector. Quienes ejercen contrapeso desde la sociedad civil ven mermada su capacidad de denuncia y monitoreo.

El cierre de espacios cívicos afecta directamente la calidad de la democracia. Sin vigilancia externa, aumenta el riesgo de opacidad en el manejo de recursos públicos y se debilita la rendición de cuentas de autoridades.
Expertos advierten que la desaparición de apoyos internacionales y las trabas fiscales no son hechos aislados, sino parte de un patrón que reduce la libertad de acción de la sociedad civil.
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