La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados llevó a cabo el foro “Educación financiera” en San Lázaro con el objetivo de colocar en la agenda legislativa la obligación de enseñar a niñas, niños y adolescentes a manejar el dinero con criterio.
Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta del órgano y diputada del PAN, advirtió que menos del 30 % de los mexicanos posee conocimientos básicos sobre finanzas personales, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
La ausencia de estos contenidos escolares expone a las nuevas generaciones a contratar Martínez Álvarez subrayó que la educación financiera no es un lujo de bancos sino un derecho: el artículo 3° constitucional garantiza una educación útil que prepare para la vida; por tanto, incluir la materia en los planes de estudio es una obligación del Estado, no una recomendación.

La legisladora celebró la iniciativa presentada ese mismo día por la diputada Meggie Salgado Ponce, de Morena, que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación para incorporar contenidos de ahorro, presupuesto, administración del dinero y protección contra fraudes desde primaria.
Salgado Ponce argumentó que la mayoría de los mexicanos aprenden sobre finanzas “a golpes”: cuando la tarjeta se desborda, cuando el En México, donde en 2023 se reportaron más de 8 millones de intentos de fraude digital y el 42 % de los usuarios ha recibido llamadas de extorsión, la desinformación financiera convierte a los jóvenes en blanco fácil de estafas de nómina, criptomonedas ficticias y catálogos piramidales.
La propuesta establece que el nuevo contenido se imparta de manera transversal en matemáticas, formación cívica y tutorías, y que los planes se actualicen cada cuatro años con la participación de la CONDUSEF, la SHCP y organizaciones de la sociedad civil especializadas en protección al consumidor.

Autoridades educativas federales presentes en el foro no precisaron fechas ni presupuesto para la implementación, limitándose a señalar que la reforma, de aprobarse, entraría en vigor el ciclo escolar 2025-2026.
Mientras tanto, organismos como UNICEF alertan que la carencia de educación financiera perpetúa la pobreza: quienes no saben comparar tasas de interés terminan pagando hasta cuatro veces más por financiamientos informales, lo que en comunidades rurales se traduce en despojo de tierras o pérdida de vivienda ante prestamistas sin registro.
La diputada Martínez Álvarez advirtió que sin un programa piloto ni recursos etiquetados la iniciativa podría quedar en letra muerta, como ocurrió con la reforma de 2018 que obligaba
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