Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por liderar una red de estafa que operaba desde Nayarit y dirigía sus ataques contra ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores interesados en tiempos compartidos.
La red utilizaba centros de llamadas instalados en la entidad nayarita para contactar a las víctimas y ofrecerles la venta, rescate o renta de propiedades vacacionales en Puerto Vallarta, Jalisco, y en Bahía de Banderas.
Oscar Enrique Jiménez Tapia, “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolin”, funcionaban como lugartenientes de Flores Silva y se encargaban de recaudar el dinero defraudado, según la información difundida por las autoridades estadounidenses.
El modus operandi comenzaba con la obtención de datos personales y financieros de los turistas, información que era proporcionada por cómplices dentro de complejos turísticos de la costa pacífica mexicana.
Con esos datos, los operadores llamaban o enviaban correos haciéndose pasar por agentes de ventas, abogados o representantes de empresas de tiempo compartido radicadas en Estados Unidos; todos los interlocutores dominaban el inglés y manejaban la jerga financiera para ganarse la confianza del cliente.

La estafa se concretaba cuando exigían a los propietarios pagar “tarifas de transferencia”, “impuestos anticipados” o “depósitos de garantía” antes de liberar supuestas ganancias o rentas; una vez recibido el primer pago, inventaban nuevos conceptos para exigir más dinero y nunca entregaban lo prometido.
Las transferencias se canalizaban a cuentas bancarias y casas de bolsa en México controladas por la organización; entre las empresas señaladas por el Tesoro figuran Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos, Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos De La Bahía, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada.
Cuando la víctima reclamaba, los estafadores cambiaban de máscara: primero ofrecían servicios legales ficticios para “recuperar” el dinero perdido y, en un segundo escalón, se hacían pasar por funcionarios mexicanos que amenazaban con multas por “operaciones sospechosas” si no se pagaba una nueva cuota.
El esquema fue calificado por el gobierno estadounidense como una de las acciones más importantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, al considerar que Flores Silva era un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El
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