El 27 de abril de 2010, Bety Cariño Trujillo, directora del CACTUS, y Jyri Antero Jaakkola, observador finlandés, fueron asesinados en una emboscada en el camino a San Juan Copala, Oaxaca. Ambos viajaban en una caravana humanitaria que llevaba ayuda a la comunidad triqui, cercada por paramilitares.
En 2022, los únicos procesados por el doble homicidio fueron liberados. Con ello, el crimen quedó en completa impunidad, confirmaron familiares, quienes anunciaron que llevarán el caso ante la justicia interamericana.
El Congreso Nacional Indígena recordó que Bety, mujer "de raíz profunda y palabra firme", y Jyri, "compañero solidario que cruzó fronteras", fueron víctimas de una violencia que "no ha cesado". El organismo indígena subraya que defender territorios y derechos en México "sigue siendo una condena".
A 16 años del ataque, el CNI advierte que el país mantiene un ciclo de impunidad que "se aplaza, se diluye o se niega" para proteger a los responsables. La desaparición de los presuntos autores, afirma, convierte la memoria en la única forma de resistencia.

"¿Dónde está la justicia para Bety y Jyri? ¿Dónde están las garantías para quienes hoy defienden la vida?", cuestiona el CNI. El asesinato, dice, no es un hecho del pasado: "es una herida abierta que dialoga con el presente".
El caso se suma a la larga lista de ataques contra defensores de pueblos originarios en Oaxaca. El CNI advierte que la impunidad envía un mensaje claro: proteger a las comunidades sigue siendo riesgante y el Estado no garantiza
Para los familiares y organizaciones, recordar a Bety y Jyri es "un acto de dignidad". Afirman que seguirán exigiendo justicia ante instancias nacionales e internacionales, porque "la justicia no prescribe en el corazón de los pueblos".
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