México requiere nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural cada día, pero la extracción nacional apenas aporta dos mil 300 millones. El 75% restante se compra en Estados Unidos, principalmente a Texas. Este desequilibro convierte al país en uno de los mercados más expuestos de América Latina ante cualquier interrupción externa.
La dependencia alcanza niveles críticos en la generación eléctrica: el 56% del gas importado se quema en termoeléctricas que abastecen de luz a millones de usuarios. Pemex utiliza el 19% para recuperar más crudo, el sector industrial demanda el 13% y los hogares el 11%.
Si se descuenta el uso propio de la petrolera, la proporción de gas extranjero en la economía real trepa al 90%. La infraestructura de almacenamiento solo cubre tres días de consumo.

La tormenta invernal de febrero de 2021 en Texas demostró la fragilidad: el cierre de gasoductos dejó sin energía a casi la mitad del territorio nacional durante varios días y obligó a aplicar apagones programados en 14 estados.
Expertos advirtieron entonces que un evento similar, ya sea por clima o por decisiones políticas en el vecino del norte, podría repetirse con costos económicos y sociales aún mayores. La falta de alternativas inmediatas obliga a las autoridades a buscar opciones dentro del territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, históricamente opuesta al fracking, creó un grupo de científicos para analizar si tecnologías recientes logran reducir los riesgos de contaminación de la fractura hidráulica. El objetivo es determinar si se puede extraer gas de esquisto en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz sin afectar acuíferos ni comunidades.
El gobierno federal mantiene la meta de elevar la participación de renovables del 24% al 38% en la matriz eléctrica para 2030, pero reconoce que el crecimiento de la demanda impide desplazar el gas en el corto plazo. La inestabilidad internacional generada por el conflicto en Irán ha encarecido el combustible y acelerado la necesidad de fuentes propias.

La estrategia oficial combina la posible apertura a nuevas formas de exploración con la modernización de campos maduros de Pemex y la ampliación de ductos internos. El plan no contempla, por ahora, construir más plantas de almacenamiento subterráneo que incrementen el inventario de reserva.
El resultado del estudio sobre fracking se espera antes de cerrar 2026 y definirá si México apuesta por una mayor autosuficiencia o continúa sujeto a los vaivenes del mercado texano.
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