El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la decisión del Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que eximió de responsabilidad al director general Arturo Reyes Sandoval, al secretario General Carlos Ruiz Cárdenas y al secretario de Administración Javier Tapia Santoyo por el presunto desvío de recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los empleados en noviembre de 2022.
El esquema investigado se operó a través del Plan de Beneficios Múltiples (PBM) cuyo código 234 fue implementado en la quincena 21/2022. Según la denuncia, el IPN retuvo el 42 % del ISR de más de 30 mil trabajadores con el argumento de financiar un nuevo plan de retiro solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), proyecto que fue cancelado tras protestas del personal.
La autoridad judicial consideró que no es válido concluir que solo Héctor Bello Ríos, entonces director de Capital Humano, actuó por su cuenta. En el oficio DCH/7020/2022 de 18 de noviembre de 2022, Bello informó a sus superiores sobre los descuentos y su posterior cancelación; por tanto, la participación y consentimiento de los servidores públicos involucrados debe ser analizada.

El Consejo Nacional de Egresados del IPN confirmó que presentará en los próximos días una querella ante la Secretaría de la Función Pública encabezada por Raquel Buenrostro. Los representantes Marcos Ávila y Rolando Álvarez ratificarán la denuncia inicial que ya había sido interpuesta contra los altos funcionarios politécnicos.
Javier Tapia Santoyo, señalado como el operador financiero de la red, también es investigado por contratos irregulares durante su gestión en el ISSSTE. La resolución del TFJA obliga al Órgano Interno de Control a ampliar la investigación y a valorar la cadena de responsabilidades que permitió el manejo discrecional de los recursos públicos.
El caso ha generado preocupación entre la comunidad politécnica porque revela la posible existencia de una red de corrupción que trasciende la retención fiscal y alcanza a otros ámbitos como el Patronato Corazón Guinda y Blanco, entidad que, según los denunciantes, carece de autorización fiscal como donataria.
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