La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la desaparición de personas y la saturación de los servicios forenses en México constituyen “una crisis humanitaria grave”. El organismo trabaja en un nuevo estudio sobre las causas estructurales de la emergencia, los patrones de impunidad y la respuesta estatal a las víctimas.
El país acumula al menos 133 mil 601 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, cifra que la CIDH considera subregistrada. El levantamiento de datos más reciente de la Comisión ubica a Jalisco en primer lugar con 13 mil 635 casos, seguido de Tamaulipas con 13 mil 614 y el Estado de México con 4 mil 844.
El anuncio se produce días después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidiera elevar la situación mexicana a la Asamblea General por su carácter urgente. La medida obliga al Estado a rendir cuentas ante el pleno de la organización sobre los mecanismos de búsqueda, identificación y justicia implementados.
En su balance más reciente, la CIDH también advirtió sobre el aumento de feminicidios, transfeminicidios y homicidios contra personas LGBTIQ+. Señaló, además, un incremento en casos de trata de personas y en la violencia generalizada contra mujeres y niñas.

El organismo expresó preocupación por denuncias de prácticas xenófobas y racistas cometidas por autoridades contra migrantes y solicitantes de asilo. Consideró que la actitud estatal alimenta la vulnerabilidad de quienes transitan por territorio nacional en condiciones de movilidad humana.
La defensa de derechos humanos “continúa siendo una actividad peligrosa en México”, subrayó la Comisión. Registró asesinatos, desapariciones forzadas y ataques contra buscadores de personas, defensores indígenas y líderes gremiales que exigen justicia y condiciones laborales dignas.
La la corporación no precisó la fecha de publicación del nuevo informe, pero adelantó que incluirá recomendaciones vinculantes dirigidas al Estado mexicano. El documento buscará establecer responsabilidades individuales y colectivas, así como medidas de reparación integral para las víctimas directas y sus familias.
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