DATO DURO
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Grupo Tecno, contratista del gobierno federal, transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas identificadas como "fantasma" por el SAT. Estas compañías tienen vínculos directos con César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del Partido del Trabajo en Quintana Roo.
La empresa Grupo de Tecnología Cibernética obtuvo en julio de 2020 su contrato más importante del sexenio: 3 mil 800 millones de pesos para la emisión de pasaportes durante el periodo 2021-2026. La asignación provino de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard. Al momento de la licitación, la compañía contaba con apenas 19 empleados formales y una nómina anual declarada de 600 mil pesos.
Un mes después de recibir el contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, empresario del sector financiero. Ese mismo año iniciaron las transferencias a las compañías de Gamboa Montejo.

CONTEXTO POLÍTICO
El responsable de finanzas del PT en Quintana Roo ha administrado recursos del partido para campañas políticas desde 2022, incluida la de la gobernadora Mara Lezama y la presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024. El 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en su cargo ante el Instituto Nacional Electoral.
La investigación identificó que al menos 8 de las 10 empresas receptoras de fondos tienen a Gamboa Montejo como administrador, representante o apoderado. El SAT ha incluido a 12 de las 20 compañías vinculadas con él en su listado oficial de "factureras".

CONCLUSIÓN
La red de empresas fantasma opera principalmente en Quintana Roo y ha servido para canalizar recursos que, según la documentación revisada, no corresponden a actividades económicas reales. El esquema de triangulación se mantuvo activo durante años en paralelo con los contratos públicos de Grupo Tecno.
El caso exhibe la intersección entre contratación gubernamental, operadores partidarios y empresas de facturación apócrifa, un patrón que las autoridades fiscales y electorales aún no han sancionado de manera integral.
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