Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios de la región de Big Bend, en Texas, junto con la organización Conserve Big Bend, presentaron una demanda para frenar los planes de construir un muro y otra infraestructura fronteriza en esa zona. El litigio llega en medio de un esfuerzo de 46 mil millones de dólares del gobierno para cubrir cerca de 2,000 millas de la frontera sur.
En Texas, el proyecto ha enfrentado oposición de alguaciles, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios. David Keller, arqueólogo e historiador de la región, señaló que los funcionarios que respaldan el muro subestimaron el apego de la comunidad hacia el territorio. "Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío. Es nuestro hogar", expresó.
El gobierno ha eludido regulaciones ambientales, arqueológicas y de vida silvestre argumentando una supuesta urgencia por proteger la frontera de un ingreso masivo de personas. Sin embargo, los demandantes cuestionan esa justificación para Big Bend.
Las estadísticas históricas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, citadas en la demanda, indican que la región representó apenas el 1% de los arrestos en la frontera. Big Bend abarca unas 500 millas, aproximadamente una cuarta parte de la extensión total entre el Pacífico y el golfo de México.

Los demandantes argumentan que el Departamento de
La mayor controversia se centra en el Parque Nacional Big Bend, ubicado en el extremo suroeste de Texas, donde el Río Grande marca la división con México. Su terreno agreste, cañones de piedra caliza y cielos nocturnos atraen visitantes internacionales.
La demanda se suma a múltiples litigios previos que buscan ralentizar o detener los planes del gobierno en Texas y otras entidades. La oposición ha sido bipartidista e incluye a diversos sectores de la comunidad local.
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