El Gobierno de México descartó una reforma fiscal integral para 2026 y optó por intensificar la fiscalización empresarial como estrategia para incrementar los ingresos públicos sin crear nuevos impuestos generales. La decisión, contenida en el Paquete Económico 2026 presentado por la administración de Claudia Sheinbaum, mantiene el ISR corporativo en 30% y el IVA general en 16%, tasas vigentes desde hace más de una década.
El enfoque recaudatorio se desplaza hacia una presión mayor sobre plataformas digitales, intereses financieros y productos sujetos al IEPS, además de un refuerzo en la vigilancia fiscal a contribuyentes de todos los tamaños. Las empresas y directivos deberán ajustar sus estrategias de cumplimiento ante un entorno de mayor escrutinio.
El Ejecutivo federal rediseñó la política de ingresos con ajustes en cuatro ordenamientos: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación. Los cambios, si son aprobados por el Congreso, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Entre las modificaciones relevantes para el sector empresarial destacan un incremento en la retención sobre rendimientos financieros, que afecta a empresas con excedentes de tesorería, y nuevas obligaciones fiscales para operadores de comercio electrónico y servicios digitales. También se prevén alzas al IEPS en bebidas azucaradas, tabaco y productos considerados nocivos para la
La decisión de no impulsar una reforma de fondo responde a un cálculo político y económico, según el texto oficial. Una modificación estructural a las tasas de ISR o IVA generaría resistencia empresarial y podría desacelerar la inversión privada en un de nearshoring y reconfiguración de cadenas de suministro hacia Norteamérica.

El equipo económico de la administración busca elevar la recaudación sin que la deuda pública supere el 60% del PIB, límite que considera prudente. La estrategia consiste en cerrar brechas de evasión fiscal mientras se mantiene la carga tributaria nominal.
Para las pymes y grandes corporativos, el mensaje es que el costo de no cumplir será más alto. La autoridad tributaria ha incrementado sus capacidades tecnológicas para cruzar información de facturación electrónica, nóminas y movimientos financieros.
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