Una encuesta nacional de México Elige revela que el escándalo del huachicol fiscal ha generado un costo político significativo para Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. El 58% de los participantes está de acuerdo en señalarlo como presunto responsable de esta trama de contrabando de combustibles y evasión tributaria.
La percepción ciudadana se distribuye de manera contundente: 53.2% se manifestó muy de acuerdo con el señalamiento y 4.8% algo de acuerdo. En sentido contrario, 37.7% rechazó la vinculación y 4.3% respondió que no sabe.
Al identificar al principal responsable del esquema, 32% señaló directamente a López Beltrán y su grupo. Otro 29.5% distribuyó la responsabilidad entre el hijo del expresidente y mandos de la Secretaría de Marina, mientras 24.8% responsabilizó únicamente a integrantes de esa institución. Solo 8.2% consideró que las acusaciones carecen de sustento.

El desgaste trasciende al dirigente morenista. Ante los casos de gobernadores señalados por presunto narcotráfico o investigaciones en Estados Unidos, como Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Marina del Pilar Ávila de Baja California, 56.5% de los encuestados considera que las autoridades federales los han protegido. Únicamente 32.9% estima que el gobierno ha actuado con firmeza.
En el caso particular de Rocha Moya, 81.8% está de acuerdo en que su situación refleja un problema de fondo sobre la forma en que Morena elige y protege a sus gobernadores. Además, 35.8% considera que su regreso al gobierno estatal seguido de una solicitud de licencia indefinida buscó evitar una extradición o proceso judicial.

La medición fue levantada del 4 al 8 de septiembre de 2026 entre dos mil 33 ciudadanos mayores de edad, con nivel de confianza de 95% y margen de error de más o menos 3.2%. Los datos fueron procesados mediante ponderación multidimensional.
La combinación de ambos temas configura una señal adversa para el partido oficial: mientras López Beltrán concentra una parte sustancial de las sospechas por el huachicol fiscal, la mayoría de los encuestados percibe que el poder federal no enfrenta con firmeza los señalamientos contra figuras relevantes del oficialismo.
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