El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto busca probar la capacidad de respuesta de la población ante un evento sísmico, además de detectar fallas en los protocolos de evacuación antes de una emergencia real. En esta edición se probará el sistema de alerta masiva a celulares mediante la plataforma Alerta RD. El ejercicio comenzará a las 10:00 a.m. este martes 8 de septiembre en organismos públicos, empresas, escuelas, familias y comunidades de todo el país.
Sin embargo, el Gobierno no tiene una cifra única sobre lo que cuesta organizar esta jornada. El ejercicio carece de presupuesto fijo y de partida específica, ya que cada institución participante utiliza los recursos que ya tiene disponibles para sus operaciones habituales. Esta dispersión del gasto impide conocer el monto total que se moviliza para la actividad.

Para el Centro de Operaciones de Emergencias, la participación no representa costo adicional. La institución se limita a movilizar equipos y ejecutar labores de evacuación y coordinación que forman parte de sus funciones ordinarias de respuesta ante emergencias. No existe una partida denominada específicamente para el simulacro desde la cual se pueda rastrear el gasto del organismo.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones dispone de aproximadamente RD$250 millones para operaciones y personal, pero ese monto no corresponde exclusivamente al ejercicio. La entidad aclaró que carece de partida específica para financiar simulacros, pues estas acciones forman parte de su trabajo institucional regular.

El costo tampoco recae solo sobre el Gobierno central. Instituciones públicas y privadas, empresas, centros educativos y familias asumen los gastos que generan sus propias actividades durante la jornada. Esta distribución fragmentada del financiamiento dificulta cualquier intento de rendición de cuentas sobre el recurso público y privado invertido.
El antecedente más reciente muestra la dimensión de la movilización. En noviembre de 2025 participaron alrededor de 2.8 millones de personas y se registraron 7,506 instituciones en la plataforma del organismo coordinador. A pesar de esta magnitud, la ausencia de una línea presupuestaria exclusiva mantiene opaco el costo real de la operación.
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