El Frente Amplio uruguayo consolidó un marco institucional para atender violencia basada en género contra mujeres y personas de disidencias sexuales, tras un proceso que se inició en 2016 y tuvo su última actualización en 2023. La coalición-movimiento se había declarado antipatriarcal y antirracista durante el VI Congreso Extraordinario «Rodney Arismendi», ampliando así su perfil histórico antiimperialista y antioligárquico.
La Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas fue pilar en la detección temprana del problema, al comenzar a recibir denuncias de violencia política y de género dentro de la organización. A partir de estas alertas, impulsó la elaboración del primer instrumento normativo para abordar estas situaciones.
En diciembre de 2020, el Plenario Nacional aprobó por unanimidad el protocolo inicial sobre responsabilidad política ante violencia hacia mujeres. Tres años después, el plenario del 3 de junio de 2023 encomendó a una comisión especial revisar y actualizar esos lineamientos, con instrucciones de presentar avances antes de fin de año.
El VIII Congreso Extraordinario «Tabaré Vázquez», realizado en 2023, representó un punto de inflexión al incorporar a los Estatutos los Principios y Valores de la fuerza como orientaciones político-éticas vinculantes para militantes y dirigentes. Esta modificación estableció el rechazo explícito a toda forma de violencia como norma organizacional.
La actualización del protocolo fue elaborada por una Comisión de Adecuación conformada en espejo del Secretariado y coordinada por la Comisión de Género, Feminismos y Disidencias. El texto reconoce la interseccionalidad de las violencias, señalando que mujeres con discapacidad, racializadas, pobres, migrantes, trans o con diversa orientación sexual enfrentan discriminaciones agravadas.
El documento parte del principio de que ser una fuerza antipatriarcal implica un "desafío constante de praxis política", es decir, la traducción de los postulados en conductas concretas dentro de la organización. La fundamentación remite a la defensa de los derechos humanos como base de la democracia, un eje histórico del partido.
En el latinoamericano, donde la violencia feminicida alcanza niveles de emergencia —con México como referente regional por sus cifras de homicidios dolosos contra mujeres—, los protocolos internos de partidos políticos adquieren relevancia como mecanismos de rendición de cuentas. La experiencia uruguaya contrasta con la ausencia frecuente de instrumentos similares en fuerzas políticas mexicanas.
La resolución de 2023 estableció plazos específ
Etiquetas: violencia de género, Frente Amplio, Uruguay, protocolo institucional, feminismo, derechos humanos, rendición de cuentas, México · Feminicidios y violencia de género
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