El próximo 19 de septiembre, miles de empresas en México participarán en el Segundo Simulacro Nacional 2026. Sin embargo, realizar el ejercicio sin contar con trabajadores y brigadas debidamente capacitados podría dejar a las organizaciones expuestas a sanciones de hasta 586,550 pesos, además de evidenciar fallas en su capacidad para responder ante una emergencia real.
La preparación de los centros de trabajo no puede limitarse a organizar una evacuación durante un simulacro. La norma oficial mexicana correspondiente establece obligaciones relacionadas con la prevención y protección contra incendios, así como con la capacitación de trabajadores y brigadas para responder ante situaciones de emergencia.
De acuerdo con hackü, una empresa especializada en la materia, uno de los principales retos para las compañías es lograr que cada trabajador conozca qué hacer antes, durante y después de una contingencia. El desafío se amplía en organizaciones con cientos o miles de empleados distribuidos en diferentes turnos, plantas o puntos operativos.
Juan Simón Salazar Arboleda, CEO y cofundador de la firma, señaló que el principal obstáculo no es organizar el simulacro en sí, sino garantizar que cada persona sepa actuar cuando una emergencia ocurre realmente. En operaciones con numerosos trabajadores, especialmente aquellos sin computadora o correo corporativo, la capacitación tradicional puede dejar fuera a una parte importante de la plantilla.
El directivo indicó que las herramientas digitales y las microcapacitaciones pueden ayudar a reforzar los conocimientos mediante contenidos breves enviados directamente a los teléfonos celulares. Según la empresa, un programa puede dividirse en segmentos de alrededor de 90 segundos, lo que facilita que los colaboradores reciban información sin depender exclusivamente de sesiones presenciales.

Capacitar al personal es solo una parte de las obligaciones. Las empresas también deben contar con evidencia que permita demostrar que el proceso se llevó a cabo. La normativa contempla documentos como programas de capacitación, certificados, constancias de habilidades, reconocimientos, diplomas, fotografías o videos.
A ello se suman las constancias que pueden ser requeridas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante procesos de verificación. La evidencia debe formar parte de la misma estrategia de prevención, según Salazar Arboleda, quien advirtió que esperar a una capacitación presencial para actualizar a toda la plantilla puede generar brechas difíciles de detectar.
La falta de cumplimiento en materia de
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