La mañana del lunes 31 de agosto de 2026, gremiales y asociaciones de transportistas urbanos y de carga instalaron bloqueos en carreteras federales para protestar por el incremento en los precios de los combustibles. Los accesos a la Ciudad de México y los corredores del Bajío fueron los más afectados, según el monitoreo operativo de Transporte.mx.
El detonante inmediato fue la publicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a combustibles para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. El estímulo fiscal al diésel había alcanzado 82.59% la semana previa, con riesgo de reducirse ante la presión de los precios internacionales del petróleo.
Para las empresas transportistas, cualquier recorte en ese estímulo se traduce en un mayor costo por litro. El diésel ya representa más de la mitad de los costos operativos de una empresa de autotransporte promedio.
Sin embargo, el reclamo que pocos medios han cubierto es el "coyotaje" en la obtención de licencias federales. David Estévez, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas, denunció que un trámite médico necesario para la licencia cuesta alrededor de mil 700 pesos por la vía oficial, mientras que mediante intermediarios el precio se eleva hasta 30 mil o 40 mil pesos.

Ese diferencial, que multiplica el costo por más de 20 veces, es uno de los mecanismos menos visibles pero más costosos que enfrenta un operador que busca obtener o renovar su licencia federal de autotransporte.
Estévez denunció además posibles actos de discriminación durante los procesos de evaluación que determinan si un conductor es apto para obtener o renovar su licencia, un factor que empuja a trabajadores capacitados fuera de la actividad.
La organización vincula esta situación directamente con el déficit de aproximadamente 100,000 operadores de transporte que enfrenta México. El problema ha sido documentado a lo largo de 2026 por diversos factores: cancelación de visas estadounidenses, violencia carretera y ahora las barreras administrativas y económicas para acceder a licencias.
El caso pone en evidencia una tensión recurrente: mientras el gobierno ajusta estímulos fiscales a los combustibles, los transportistas enfrentan simultáneamente costos operativos crecientes y trámites que, por la vía irregular, se vuelven prohibitivos.
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