El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para los cómputos distritales de las elecciones federales 2026-2027, con una decisión que profundizó la división interna: un mecanismo para registrar y decidir sobre las boletas planchadas, aquellas que aparecen en las urnas sin marcas de doblez.
La propuesta de la consejera Frida Gómez establece que, al detectar estas boletas, el consejo distrital deberá levantar un acta de incidentes, reservarlas y decidir en Pleno, de manera expresa y motivada, si se computan o no. Esta ruta operativa se impuso con siete votos a favor y cuatro en contra, luego de que el proyecto original y una alternativa de la consejera Rita Bell López López —que buscaba declararlas inválidas directamente por falta de signos físicos de inserción— fueran descartadas.
El bloque opositor advirtió que la ausencia de dobleces atenta contra la certeza del proceso. El consejero Uuc-kib Espadas calificó estas boletas como un "indicio inequívoco de fraude electoral". Argumentó que la ranura de las urnas mide tres milímetros, mientras la boleta mide 20 por 28 centímetros, lo que hace físicamente imposible introducirla sin doblarla; por tanto, una hoja lisa y extendida evidencia inserción irregular.
El consejero Arturo Castillo señaló que la ley obliga al ciudadano a doblar su voto para garantizar secrecía y libertad, de modo que las boletas planchadas demuestran falta de certeza sobre la autenticidad del sufragio.

La consejera Carla Humphrey y el consejero Martín Faz manifestaron que permitir a los consejos distritales decidir discrecionalmente si una boleta "se computa o no" crea una categoría jurídica inexistente. Precisaron que la normatividad faculta a estos órganos para declarar validez o invalidez, pero no para inventar filtros previos de exclusión sobre el cómputo.
La consejera Norma Irene De la Cruz defendió que la ausencia de dobleces no constituye causal legal de nulidad y que la valoración definitiva de estas irregularidades corresponde a los tribunales electorales, no a instancias administrativas distritales.
Por su parte, Frida Gómez argumentó que su propuesta no sustrae facultades a los consejos, sino que establece una vía operativa para documentar cada caso mediante hoja de incidentes, brindando una salida transparente que permita a los partidos inconformarse en las vías jurisdiccionales correspondientes.
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