La detención de Arturo 'N', presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en septiembre de 2016 en Ciudad de México, generó críticas de activistas por el manejo del caso. El hombre había sido arrestado en flagrancia tras el crimen, pero fue liberado y permaneció prófugo casi una década pese a existir una orden de aprehensión en su contra.
El caso adquirió relevancia histórica en 2019, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer transfeminicidio documentado en México. La comisión señaló entonces que las autoridades no respetaron la identidad de género de Paola durante las primeras investigaciones.
En 2024, su nombre impulsó la Ley Paola Buenrostro, que tipificó el transfeminicidio como delito en la capital del país. Sin embargo, tras la nueva detención de Arturo 'N', activistas denunciaron que durante la audiencia inicial la víctima fue identificada como hombre y el imputado fue procesado por homicidio calificado, no por feminicidio o transfeminicidio.

Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, denunció que personal de la Fiscalía utilizó nombres masculinos para referirse a ella, a Paola y a las testigas trans involucradas en el caso. "Llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento", señaló ante medios de comunicación.
Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, cuestionó que la institución persista en estas omisiones pese a que durante una década se han construido protocolos y leyes en conjunto con organizaciones de la diversidad sexual. "No estamos buscando que se tipifique como transfeminicidio, pero al menos feminicidio como ya estaba el tipo penal que ya existía en ese momento", reclamó.
La denuncia escaló en una protesta frente a la Fiscalía capitalina, donde activistas exigieron la reclasificación del delito y denunciaron transfobia institucional. La institución rechazó las agresiones contra su personal y los daños a sus instalaciones.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que investigará los señalamientos sobre el trato durante la audiencia, aunque negó que exista una práctica institucional transfóbica. Argumentó que el caso se presentó como homicidio porque la orden de aprehensión fue emitida bajo ese delito en 2016, cuando el transfeminicidio aún no estaba tipificado.
La institución aclaró que la diferencia entre homicidio y feminicidio no radica en reconocer o no la identidad de género, sino en determinar si existen elementos que acrediten que la agresión ocurrió por la condición de mujer de la víctima. Agregó que
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