El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó la autorización definitiva para que continúe la construcción del salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump que ha generado amplio debate jurídico y político.
La decisión se produjo por cinco votos contra cuatro, favoreciendo la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para invalidar las sentencias de jueces inferiores que habían ordenado bloquear las obras. Estos magistrados consideraban que solo el Congreso tenía potestad para autorizar modificaciones dentro de la residencia presidencial.
En su mensaje en Truth Social, Trump celebró el fallo como parte de lo que denominó la "Edad de Oro de Estados Unidos". Aseguró que el edificio será "uno de los más grandiosos jamás construidos en Washington D. C." y proyectó su finalización para el verano de 2028. El mandatario también defendió que el proyecto está financiado "en su totalidad por grandes patriotas y corporaciones", sin costo para los contribuyentes.
El proyecto implicó la demolición del antiguo Ala Este de la Casa Blanca para ampliar las instalaciones destinadas a actos y recepciones oficiales. La obra había sido bloqueada previamente por una demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, organización que no forma parte del gobierno federal.

El fallo, que no lleva firma, se basa en argumentos procesales. La mayoría consideró probable que el Fondo carezca de legitimación para interponer la demanda que bloqueó las obras en el sobresuelo. No obstante, el tribunal evitó pronunciarse sobre si el presidente tiene autoridad para construir sin aprobación del Congreso.
El magistrado John Roberts, presidente del Supremo, se unió al voto mayoritario pero emitió una opinión disidente en la que advirtió que "es probable que dicha construcción sea ilegal". Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson también votaron en contra de permitir las obras.
Brent Leggs, presidente del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, expresó su decepción con el resultado. Señaló que la opinión de Roberts reitera la postura de su organización desde el inicio del caso. Leggs urgió a la Corte a agilizar la apelación formal del gobierno y aseguró que continuarán abogando por la preservación del sitio histórico.
El Supremo ya había permitido provisionalmente las obras el pasado 21 de agosto mientras deliberaba sobre la solicitud de emergencia. La resolución definitiva mantiene vigente la excepción respecto al búnker de.
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