La Casa Blanca confirmó un acuerdo petrolero con Venezuela que involucra de manera directa al gobierno estadounidense y a una empresa privada con operaciones previas en el país sudamericano. El pacto fue anunciado inicialmente el viernes y se dieron a conocer detalles adicionales el lunes 31 de agosto de 2026.
Estados Unidos formará una nueva compañía junto con North American Blue Energy Partners, que ya opera como el segundo mayor productor en Venezuela. La firma, propiedad del empresario Alejandro Betancourt, se comprometió a invertir 100 mil millones de dólares en nueva infraestructura petrolera, según informó la administración.
El acuerdo otorga al Pentágono una participación accionaria del 35% en la empresa conjunta. Además, el Departamento de Estado recibirá una garantía para adquirir el 20% de la producción a precio de costo. La Casa Blanca aseguró que el pacto sería "a costo cero" para el erario público.
El gobierno de Estados Unidos tendrá poder de veto sobre los miembros de la junta directiva, la mayoría de los cuales serían ciudadanos estadounidenses. La administración también destacó que la operación contará con auditores, abogados y asesores estadounidenses, y que se regirá por ley estadounidense con jurisdicción en tribunales del país.

La nueva compañía obtendrá derechos por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles. Muchos de estos campos pertenecían anteriormente a empresas rusas o chinas, según precisó la Casa Blanca.
El acuerdo se enmarca en la política energética del presidente Donald Trump y ocurre apenas nueve meses después de la captura del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas armadas estadounidenses. Maduro fue detenido para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
Exasesores del gobierno estadounidense en materia energética han advertido riesgos políticos en el pacto. Señalaron que futuros gobiernos en Caracas o Washington podrían impugnar el acuerdo, lo que genera incertidumbre sobre su estabilidad a largo plazo pese a la duración contractual de un siglo.
La operación representa una intervención directa del gobierno estadounidense en la industria petrolera extranjera a través de una estructura corporativa híbrida, modelo poco usual en la política energética internacional reciente.
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