En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió al Estado garantizar búsquedas inmediatas y efectivas, además de investigaciones exhaustivas para esclarecer los casos de defensoras desaparecidas.
Según el registro de agresiones de la organización, desde 2021 se han documentado 35 desapariciones de defensoras de derechos humanos en el país. De ellas, 16 fueron localizadas con vida, 13 fueron encontradas sin vida y seis continúan desaparecidas.
La organización señaló que la desaparición de una mujer no solo afecta a quien está ausente, sino también a su familia y comunidad. Esta situación interrumpe procesos de defensa de derechos, impacta proyectos de vida y puede generar miedo y un efecto de silenciamiento colectivo.
La entidad con mayor número de casos es Sinaloa, con cinco desapariciones documentadas desde 2021. Le siguen Sonora y Estado de México, con cuatro casos cada uno. Oaxaca, Jalisco y Guanajuato registran tres casos respectivamente.
En Chiapas, Nuevo León y Yucatán se documentaron dos casos en cada entidad. Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas concentran un caso cada uno.

La organización considera que estas cifras evidencian los riesgos que enfrentan las mujeres que participan en la defensa de derechos humanos, particularmente quienes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas.
La Red Nacional recordó que muchas mujeres buscadoras son familiares directas de personas desaparecidas que salen a las calles para localizar a sus seres queridos y exigir respuestas a las autoridades. Por ello, llamó a garantizar su derecho a buscar de manera segura y sin criminalización ni miedo.
La exigencia cobra relevancia en un donde las personas buscadoras han sido reconocidas como defensoras de derechos humanos. En marzo de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la crisis de desapariciones en Chiapas y señalaron específicamente el papel de estas personas como defensoras.
La organización exigió al Estado mexicano investigaciones con enfoque interseccional, de género y de derechos humanos, además de garantizar verdad, justicia, reparación integral, medidas de no repetición y protección para quienes continúan buscando a sus seres queridos.
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