Las políticas migratorias de la administración Trump han desplazado una crisis humanitaria hacia las regiones fronterizas del norte y sur de México, según documenta el informe "Desterrados al sur: el costo humano de la deportación". El estudio, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Kino Border Initiative y la Oficina de Washington para América Latina, revela patrones de deportación que rompen con años anteriores.
A diferencia del pasado, cuando las expulsiones afectaban principalmente a quienes acababan de cruzar la frontera, ahora la mayoría de las personas deportadas fueron detenidas en el interior de Estados Unidos tras vivir años o décadas en ese país. Muchas contaban con estatus migratorio que la administración actual canceló o revocó, como libertad condicional humanitaria, Estatus de Protección Temporal o solicitudes de asilo pendientes.
Desde mediados de abril, la agencia estadounidense dejó de expulsar a ciudadanos mexicanos por la frontera terrestre. En su lugar, los traslada en vuelos al interior de México, principalmente a Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas. Cuando autoridades mexicanas reciben deportados de terceros países en la frontera norte, también los transportan a esas mismas ciudades del sur.
Más de 1,100 personas de otros países latinoamericanos son deportadas mensualmente a territorio mexicano, con presencia significativa de cubanos y venezolanos. Al llegar a Tapachula, mexicanos y extranjeros conforman una población que el informe describe como atemorizada, traumatizada, indigente y físicamente vulnerable.
El Gobierno mexicano otorga solo diez días de estancia legal en el país, lo que obliga a la mayoría a recurrir a un sistema de asilo saturado. La situación se agrava porque las autoridades estadounidenses frecuentemente retienen los documentos de identidad, dificultando que las personas demuestren su nacionalidad, soliciten protección internacional o reciban remesas familiares.
La imposibilidad de recuperar sus papeles también impide que quienes desean regresar voluntariamente a sus países de origen puedan hacerlo. En Nogales y Tapachula, numerosas personas reportaron haber sido separadas de sus hijos con ciudadanía estadounidense sin poder elegir la deportación conjunta.
Los migrantes de terceros países atrapados en Tapachula enfrentan un ciclo de detención y liberación que les impide trabajar legalmente o salir de Chiapas. Junto con los mexicanos recién deportados, quedan expuestos a grupos delictivos que operan en la zona, donde los secuestros para extorsión representan una amenaz
Etiquetas: migración, deportación, Tapachula, frontera sur, derechos humanos, crisis humanitaria, Chiapas, Migración · Frontera y refugiados
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