Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a Andy López Beltrán y beneficiado con contratos multimillonarios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, extendió sus operaciones comerciales a territorio estadounidense en medio de una escalada de presión de la administración Trump sobre México.
Registros mercantiles de la Secretaría de Estado de Texas, obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, documentan que el 25 de junio de 2026 Olán constituyó Stone Basaltico LLC, donde figura como único accionista. Su tía, Teresa de Jesús Olán Rodríguez, aparece como agente para recibir notificaciones judiciales de la empresa.
Ese mismo día, el empresario tabasqueño José Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias registraron otra compañía: Quincar LLC. Cárdenas Arias ha sido señalada, según audios difundidos por Latinus, como operadora de Olán en la venta irregular de balasto para obras ferroviarias del gobierno federal.

Ambas compañías —Stone Basaltico y Quincar— dieron origen el 2 de julio de 2026 a una tercera sociedad: Basalt Group LLC. Las tres empresas comparten un mismo domicilio en Bay City, Texas: el número 1 de la calle Bordeaux Circle, propiedad de Teresa Olán y su esposo desde 2016.
La estructura accionaria de Basalt Group vincula directamente a Olán con Cárdenas Arias: la primera aporta Stone Basaltico, la segunda Quincar. La organizadora de las tres compañías es Alejandra González, abogada de McAllen con licencia de la Barra de Abogados de Texas desde abril de 2025.
La constitución de estas empresas ocurrió apenas un mes antes de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos. Olán y López Beltrán mantienen una relación de amistad documentada en distintos momentos.

Las leyes de Texas permiten la creación de compañías sin requerir la presencia física de los accionistas, lo que facilita la constitución de sociedades a distancia. El uso de la vivienda familiar como domicilio fiscal de las tres empresas plantea interrogantes sobre la estructura operativa real de estos negocios en territorio estadounidense.
El caso exhibe la proyección internacional de redes empresariales vinculadas a contratistas públicos mexicanos, en un de mayor escrutinio bilateral sobre corrupción y vínculos entre funcionarios, empresarios y recursos públicos.
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