DATO DURO
El Servicio de Administración Tributaria negó tener información sobre un adeudo de mil 600 millones de pesos en compensación al cantante Laureano Brizuela, conocido como "El Ángel del Rock", a pesar de que el caso cuenta con resoluciones de organismos internacionales y ha sido ampliamente documentado en medios de comunicación.
En conferencia de prensa, el administrador general de Recaudación, Gari Flores Hernández, insistió en que la institución no cuenta con datos sobre el asunto. "La verdad, es que no tenemos en este momento información, no he leído, ni tenemos información, pero lo revisamos", declaró ante los medios.
El funcionario aprovechó para negar que el artista haya sido víctima de lo que se conoce como "terrorismo fiscal". "Tajantemente les compartimos que en estas administraciones no existe el terrorismo fiscal", afirmó, y agregó que desde el inicio de la Cuarta Transformación se busca "brindar un mucho mejor servicio" a los contribuyentes.

CONTEXTO
Según explicó, la estrategia actual se aleja del modelo anterior en el que el organismo "tuvo que ser mucho más fiscalizador". Ahora, dijo, los esfuerzos están "focalizados en la atención y en el mejor servicio".
Contexto político
El caso de Brizuela data de décadas atrás. Fue acusado de fraude fiscal durante su época de mayor éxito, cuando Raúl Velasco junior, su representante y cabeza de Producciones Vela, se encargaba de su contabilidad sin declarar impuestos ni cumplir con pagos al personal artístico.
El cantante argentino fue absuelto en 1996, hace ya 30 años. La complejidad del litigio llevó el caso al ámbito internacional, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencias millonarias a su favor. El organismo, principal instancia autónoma de la OEA en materia de derechos humanos, determinó que el Estado mexicano debe compensarlo.

CONCLUSIÓN
Brizuela ha denunciado públicamente la negativa del gobierno para hacer efectivo el pago. "Es devolver lo que ilícitamente tomaron, usando todo el poder del Estado, lo cual es un grave delito, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales", señaló en entrevista con este medio.
La negativa del funcionario del SAT de reconocer el caso, pese a su trayectoria judicial y mediática, abre interrogantes sobre la coordinación entre instancias del Estado mexicano para cumplir con resoluciones internacionales.
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