El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha informado que ha deportado a Venezuela a Rafael José Quero Silva, un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusado de participar en abusos contra manifestantes durante las protestas de 2013 en Venezuela. Quero Silva fue deportado el 18 de agosto, tras una orden de deportación emitida por un juez. Se le acusa de haber supervisado la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos en 2013, cuando era teniente coronel y comandante del Destacamento 47 de la GNB en Barquisimeto, Lara.
Según ICE, los manifestantes bajo custodia del Destacamento 47 sufrieron descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otros abusos físico, psicológico y sexual. El abogado de Quero Silva, Eduardo Pereira, ha rechazado acusaciones similares, afirmando que su cliente nunca persiguió a nadie ni autorizó abusos, y que castigó a los responsables de conductas indebidas.
CNN ha solicitado comentarios a Pereira y a varios ministerios venezolanos, incluido el Ministerio Público, para preguntar sobre investigaciones abiertas en relación con las presuntas violaciones de derechos humanos y tortura contra Quero Silva. Funpaz, una organización no gubernamental que acompaña a víctimas de represión en Lara, ha indicado que la deportación de Quero Silva no afecta el derecho de las víctimas a buscar justicia.

Quero Silva ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami y no salió del país de acuerdo con los términos de su admisión. La deportación fue el resultado del trabajo conjunto de ICE Miami, Homeland Security Investigations, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.
Las protestas de 2013 en Venezuela estallaron tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro fue declarado ganador frente a Henrique Capriles por un estrecho margen, pero la oposición cuestionó los resultados y denunció irregularidades, lo que desencadenó manifestaciones en varias partes del país. Human Rights Watch señaló que varias organizaciones locales habían documentado casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y violaciones de derechos humanos.
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