A partir de septiembre, México enfrentará uno de los debates legislativos más significativos en años en cuanto a violencia contra las mujeres.
El Congreso deberá examinar una iniciativa presidencial que busca crear un marco general para investigar y sancionar el feminicidio de manera uniforme en todo el país, eliminando diferencias entre legislaciones estatales. La iniciativa establece penas de entre 50 y 70 años de prisión para el feminicidio en todo México.
La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue enviada al Congreso por Claudia Sheinbaum el 15 de julio. La propuesta se analizará durante el periodo legislativo que comienza en septiembre. La versión definitiva de la ley endureció algunos puntos en comparación con la propuesta inicial de marzo.
La propuesta define el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género y establece diez circunstancias para determinar su existencia, como signos de violencia sexual o antecedentes de violencia contra la víctima.

Se requiere que toda muerte violenta de una mujer se investigue bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género. Las fiscalías deberán aplicar protocolos especializados y criterios comunes. Una vez aprobada la ley, los estados tendrán 180 días para adaptar sus legislaciones a la nueva regulación nacional.
Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas. La diputada Ariana Rejón Lara, del PRI, considera que la iniciativa llega tarde y está excesivamente centrada en el endurecimiento de las penas, sin desarrollar medidas preventivas o recursos presupuestarios.
Además, 36 organizaciones feministas identifican fortalezas en la iniciativa, pero también doce debilidades que necesitan ser corregidas durante su paso por el Senado. Las organizaciones reclaman controles judiciales y garantías para evitar que casos de feminicidio sean reclasificados sin haber agotado todas las líneas de investigación.
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