La Fiscalía General de la República (FGR) ha confiscado documentos ocultos en dos bodegas de la Ciudad de México que proporcionan nuevos indicios sobre la operación de una presunta red de huachicol por ferrocarril. La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que estos documentos podrían ser evidencia de las acciones de los integrantes de la red investigada.
La confiscación fue realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con una orden de un juez federal y en compañía de otras autoridades, en dos depósitos de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Godoy señaló que estos documentos se suman a otros ya indagados por el Ministerio Público Federal y que permiten reconstruir el modo de operación de la estructura de la red.
El análisis preliminar de los documentos ha permitido identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada. La FGR sostiene que el caso se originó tras el hallazgo en julio de 2025 de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos.
Investigaciones posteriores apuntaron a un esquema que declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados o registraba productos distintos para evadir impuestos, un delito conocido en México como 'huachicol fiscal'. En agosto, la Fiscalía informó que el combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribución.
La operación habría involucrado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduaneros y esquemas financieros, con posible complicidad de servidores públicos. Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido en julio y vinculado al proceso junto con otros imputados. Ruffo Appel ha negado irregularidades y su entorno ha denunciado motivaciones políticas en el proceso.
La fiscal general subrayó que la FGR respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, y afirmó que no había sido notificada de una solicitud de la defensa para que Ruffo cumpla la prisión preventiva en su domicilio. La declaración se produce después de que su defensa promoviera recursos judiciales para solicitar prisión domiciliaria por motivos de edad y
La FGR anticipó que seguirá informando sobre la desarticulación de esta y otras redes de huachicol fiscal. Con esta operación, las autoridades buscan fortalecer la fiscalización cívica y rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones tomadas contra el crimen organizado.
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