DATO DURO
La Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato emitió sentencia condenatoria por el homicidio de Javier Barajas Piña, ocurrido en el de su búsqueda por localizar a su hermana Guadalupe, desaparecida en febrero de 2020 y hallada casi un año después en fosas de Salvatierra. Sin embargo, el proceso penal permanece inconcluso debido a que uno de los sentenciados interpuso un amparo directo que aún no se resuelve.
La audiencia de individualización de sanciones, etapa que define la pena específica para los culpables, no ha podido realizarse por este recurso legal. Según el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la resolución del amparo podría tardar entre seis meses y un año, dependiendo de la carga de trabajo de los tribunales federales.
CONTEXTO
El antecedente inmediato del caso señala que los dos sentenciados ya habían presentado un amparo anterior, mediante el cual el Poder Judicial de la Federación ordenó que una sala penal distinta conociera del asunto. La actual sentencia corresponde a esa segunda instancia, que únicamente se pronuncia sobre la culpabilidad, no sobre la magnitud de la pena.
Contexto político
A diferencia del recurso previo, el amparo directo actual sí implica una revisión integral de las pruebas para verificar si la responsabilidad penal fue correctamente atribuida. Esta valoración exhaustiva representa un nuevo obstáculo para la familia, que lleva más de cinco años enfrentando el sistema judicial mexicano.
CONCLUSIÓN
El Centro Prodh formuló un llamado al Poder Judicial de la Federación para que resuelva el juicio de amparo con la mayor celeridad posible y conforme a estándares de protección para personas defensoras de derechos humanos. La organización subraya que la justicia permanece incompleta mientras no se agote esta última etapa del proceso.
María Tránsito Piña y Javier Barajas, padres de las víctimas, han debido desplazarse de su lugar de residencia ante los riesgos que enfrentan por su búsqueda de verdad y justicia. La sentencia condenatoria, aunque parcial, representa para ellos un reconocimiento legal tras años de lucha en un de violencia contra quienes buscan a desaparecidos.
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