México cuenta con un marco legal contra la desaparición forzada reconocido internacionalmente, sin embargo, la aplicación práctica de esta normativa ha sido insuficiente. En el país, se han emitido 373 condenas por este delito, una cifra que contrasta con las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Especialistas de la ONU y del IMDHD, junto con familiares de víctimas, analizaron esta brecha en un evento virtual, que se llevó a cabo a diez días del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Alan García Campos, representante de la ONU-DH, destacó una 'brecha de implementación muy significativa' entre el marco jurídico y su efectiva aplicación.
El gobierno federal presentó una revisión del registro en marzo de este año, reconociendo 132 mil 534 casos y clasificándolos en tres grupos según la información disponible para la búsqueda. Sin embargo, organizaciones como el Centro Prodh y Fundar advirtieron que esta reducción del conteo minimiza la dimensión de la crisis y evade la obligación estatal de búsqueda.
Ximena Ugarte, abogada del IMDHD, informó que las fiscalías registran entre 3 mil 800 y 3 mil 900 carpetas de investigación por desaparición forzada, mientras que las comisiones especializadas reciben entre 10 mil y 15 mil reportes de búsqueda. Carmen, madre buscadora de Colima, denunció que la comisión estatal de derechos humanos no ha brindado acompañamiento a las familias y que los ministerios públicos exigen esperar 72 horas antes de iniciar una búsqueda, lo que la Ley General prohíbe.
Las familias de desaparecidos también reclamaron la exclusión sistemática de múltiples colectivos en las mesas de trabajo gubernamentales recientes. García Campos enumeró las nueve obligaciones que el derecho internacional impone al Estado mexicano, incluyendo prevención, búsqueda, acceso a la justicia y reparación integral.
Ugarte señaló que las autoridades utilizan los protocolos de búsqueda e investigación como 'camisas de fuerza' operativas en lugar de herramientas con perspectiva humanitaria. A esto se suma la ausencia de mecanismos mandatados por ley para abordar la crisis de desapariciones forzadas en México.
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